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El 23 de mayo de 1983 fue proclamado alcalde de Teguise

Dimas Martín 'cumple' 25 años como político acorralado por la Justicia

 

Manuel Riveiro

[Sábado, 24 de mayo de 2008] [00.00]

 

 

 

A Dimas Martín Martín, 60 velas recién sopladas, siempre le han envuelto la polémica y el escándalo, pero también un magnetismo indudable y un aura de líder que le han permitido mantener el apoyo de miles de lanzaroteños a pesar de sus batacazos con la Justicia. Justo cuando se cumplen 25 años de su entrada en política, el ‘alma máter' del PIL ha visto cómo se le ha retirado el tercer grado mientras espera por su enésimo juicio, en esta ocasión por los baños de Los Dolores.

Hace 25 mayos, el hijo de Sinforiano y de Caridad, nacido en Yaiza el 8 de abril de 1948, casado, cuatro hijos y vecino de Guatiza, se proclamó alcalde de La Villa contra todo pronóstico con su Agrupación de Electores Independientes de Teguise, que obtuvo en las urnas sólo tres de los 13 concejales de la Corporación.

En las elecciones de 1983 el PSOE obtuvo mayoría absoluta pero su candidato, Juan Delgado Cejudo, asistió a la primera jugada de Dimas en política, conocida como ‘el pacto de las tuneras': consiguió que un concejal independiente en la lista del Partido Socialista, Alfonso Tolosa, le diese su voto, que se sumó a los dos de Alianza Popular y a otro del CDS para ser proclamado alcalde el 23 de mayo, inaugurando de paso la historia del transfuguismo político en Lanzarote.

Un cuarto de siglo después, Dimas Martín sigue ejerciendo una influencia decisiva en el Partido de Independientes de Lanzarote (PIL) y en las instituciones públicas de la Isla, donde ha logrado situar a sus hijos Fabián (vicepresidente del Cabildo) y José Dimas (alcalde de Teguise). Así, el resto de partidos políticos aceptan abiertamente negociar con Dimas pactos electorales y mociones de censura, y sólo cuando les engaña o traiciona critican que dé el visto bueno a distribuciones de áreas, tenga la última palabra en decisiones políticas de calado o participe en la elaboración de planes estratégicos en empresas públicas.

La efeméride ha cogido a Dimas Martín en uno de sus peores momentos personales. Cumpliendo pena de ocho años de prisión por tres delitos -malversación de caudales públicos, contra la Hacienda Pública y contra la Seguridad Social- cometidos mientras manejaba a su antojo el Complejo Agroindustrial, logró que la Dirección General de Instituciones Penitenciarias le concediese el tercer grado penitenciario el 20 de diciembre de 2007, que ha sido anulado esta semana por la Audiencia Provincial.

La consecuencia, según las fuentes consultadas, es que probablemente desde la próxima semana, cuando se comunique a la cárcel la resolución judicial, perderá el régimen abierto que le permitía tener que acudir sólo a pernoctar al centro penitenciario de Tahíche de lunes a viernes. Acostumbrado a entrar y salir de prisión desde la década de los noventa –a lo largo de su carrera política ha sido condenado a un total de 11 años y 8 meses de privación de libertad- sus allegados resaltan que esta vez se le ha hecho especialmente duro. “Literalmente, se ha venido al piso”.

Cuentas pendientes

La Audiencia Provincial, que ha dejado en evidencia al Ministerio del Interior y al Juzgado de Vigilancia Penitenciaria, ha sentado el criterio de que Dimas Martín no debería haber obtenido el tercer grado hasta diciembre de 2008. Pero lo peor para él no serán estos meses en los que tendrá que volver a tachar los días recluido en una celda de la prisión de Tahíche hasta volver a beneficiarse de un tercer grado, sino el próximo juicio que deberá afrontar por el caso de 'los baños de Los Dolores', impulsado por una denuncia de sus ahora socios del Partido Socialista.

El asunto es conocido. Nada más aterrizar en la Presidencia del Cabildo en el verano de 2003, ordena la construcción de unos baños en las inmediaciones de la ermita de Mancha Blanca (Tinajo), en un espacio catalogado como Bien de Interés Cultural. La Fiscalía ha destacado que, al margen de que no se contaba con los informes pertinentes, se desmontó una “cantidad relevante de colada volcánica” protegida. O sea, para el fiscal, dos años de prisión por un delito de daños al patrimonio histórico y otro delito de prevaricación que le acarrearía otros 10 años de inhabilitación.

Esta última cuenta pendiente de Dimas Martín con la Justicia es un ejemplo claro de cómo se ha conducido –en este caso todavía de manera presunta- por encima del bien y del mal, sin plantearse las consecuencias –algunas veces muy graves- de sus decisiones. Un vistazo a su historial judicial así lo pudiera acreditar, a pesar de que Dimas, ante los focos que ahora rehúye, siempre ha recalcado que sus desgracias se deben a su “rebeldía” e “independencia”.

El líder del insularismo lanzaroteño no se ha cansado de asegurar que ‘su verdad' poco tenía que ver con lo que aparece reflejado en el apartado de hechos probados de las sentencias que le han condenado, cuatro firmes en su etapa como político: dos por cohecho (la de Roger Deign y la compra de un concejal del PP en 1995), una por un delito continuado de desobediencia a la autoridad (la del bañadero de Guatiza) y la más ‘gorda', la del Complejo Agroindustrial, que le obliga a devolver 2,4 millones de euros.

Roger Deign y el 'medio kilo'

Sus líos comenzaron pronto. Apenas seis meses después de hacerse con la Alcaldía de Teguise en 1983, Dimas Martín se busca su primera condena por cohecho, que llegaría diez años más tarde. El 2 de diciembre, y utilizando su condición de primer edil, le para al promotor Roger Deign (ahora casualmente concejal en La Villa) unas obras en Costa Teguise.

Dimas se ‘caga las manos' al pedirle “un millón de pesetas para no verificar el derribo”. Deign le entrega “quinientas mil pesetas” y Martín le expide dos recibos. El Tribunal Supremo no se creyó que se tratase, como se excusó el pilista, de un “préstamo personal” y lo condenó a dos meses de arresto mayor y seis años y un día de inhabilitación.

El bañadero de Guatiza

En la memoria popular todavía permanece fresco el episodio del bañadero de Guatiza, promovido por el Ayuntamiento de Teguise en 1990. En agosto de ese año recibió un expediente incoado por la Jefatura de Costas por las obras, que no contaban con su autorización. Pero Dimas pasó olímpicamente de la Administración central.

El 21 de marzo de 1991, cuando se iban a demoler las obras, el personal de Costas se encontró con los accesos bloqueados y con el alcalde Martín enfrente. Fue condenado por un delito continuado de desobediencia a la autoridad a una pena de seis meses de arresto mayor y a una multa de 500.000 pesetas. Ingresó en prisión el 20 de octubre de 1998 pero salió el 16 de enero de 1999 gracias a un indulto del Consejo de Ministros que entonces presidía José María Aznar.

La compra del concejal

Tras las elecciones locales de 1995, el líder del PIL maniobró ilegalmente para conseguir que el candidato a la Alcaldía de Arrecife de su partido, Cándido Armas, se hiciese con el bastón del mando. Para ello compró la voluntad política de un concejal del PP, Juan Carlos Hernández, que se puso precio: 26 millones de pesetas a razón de 300.000 pesetas al mes durante los cuatro años de la legislatura y cuatro pagos de tres millones.

Al igual que en el cohecho cometido con Roger Deign, los tribunales también han considerado real un documento en el que Dimas Martín dejaba una prueba evidente del delito. El contrato original en el que se estipulaban las condiciones concretas de la compra del voto nunca apareció, pero la Justicia dio por buena una fotocopia compulsada por el entonces vicesecretario del Cabildo, Francisco Perdomo, y la notaria Carmen Martínez Socias.

El Complejo, capítulo aparte

Dimas Martín ingresó el 10 de enero de 2004 en prisión por su segunda condena de cohecho, que ascendió a tres años de cárcel. En 2004, además, recibió su mayor varapalo de la Justicia con la condena de ocho años de prisión por el caso del Complejo Agroindustrial que cumple en la actualidad. En una “carta desde la cárcel”, que publicó en los medios antes de los comicios de mayo de 2007, Dimas tachó ese proceso de “la mayor farsa que se ha producido en la Administración de Justicia”.

Dimas insiste en su epístola –titulada al más puro estilo becqueriano- en que su único delito había sido ordenar “la compra de la cochinilla de los agricultores de Guatiza y Mala durante el año 1988 para la Comisión de Agricultores” en su calidad “de alcalde de Teguise y consejero de Agricultura del Cabildo de Lanzarote”. La verdad judicial, otra vez, le vuelve a desmentir (consultar aquí la sentencia).

En este caso, los tribunales han puesto de manifiesto la delgada línea que separaba lo público y lo privado en la gestión del Complejo por parte de Dimas. Por ejemplo: tras obtener un crédito hipotecario del Complejo concedido por el BSCH a principios de 1992, Dimas Martín en calidad de presidente del Consejo de Administración “ordena el 27 de enero” de ese año el ingreso de un cheque por importe de 2,3 millones de euros “en su cuenta personal de crédito”, de la que era titular también Honorio García Bravo.

“Para darle realidad formal al ingreso (...) en su cuenta de crédito personal se formaliza acta del Consejo de Administración de 31 de enero de 1992 (...) en la que se acuerda la adquisición de 33.085 kilos de cochinilla a la Comisión de Agricultores Exportadores”, a la que estaba vinculado Dimas, “y la adquisición de uvas” por valor de 526.578 euros. En realidad, sostiene la sentencia, no se realiza “ninguna compra de productos agrícolas” y tan sólo se “elaboran tres facturas que se dicen emitidas por la Comisión de Agricultores Exportadores” para contabilizar la “distracción de fondos” de la sociedad pública que gestionaba el Complejo Agroindustrial. Sentencia de 23 de diciembre de 2004, hechos probados... y penúltimo capítulo de la historia judicial del más controvertido y determinante personaje político de la vida pública de Lanzarote en las últimas tres décadas.

 

manuelriveiro@diariodelanzarote.com

 

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