Ya se conoce la acusación de Fiscalía para todas las piezas del caso Montecarlo y también se conocen las reacciones más comunes a esos escritos, que se pueden resumir, con alguna excepción, en dos grupos: los que se lanzan contra los acusados pidiendo lapidación y los que creen que las penas solicitadas son excesivas. Estos serían los dos grupos entre aquellos que expresan su opinión. Habría que añadir dos más, que no la expresan: unos porque no lo creen oportuno y otros por indiferencia. Este reparto por grupos lo podríamos extender a todos los casos de corrupción, sean o no de la Isla.

Empecemos por el primero: la responsabilidad de un delito es personal, luego quienes pagan por ellos son las personas que los cometen. Los delitos de los que hablamos están relacionados con la Administración y el manejo de dinero público, así que afectan tanto a los impuestos que pagamos, como al funcionamiento del Ayuntamiento y a la sociedad, en general. Por tanto, se podría pensar que la ira contra los acusados está justificada. Sin embargo, ni la ira ni los insultos aportan nada. Además, de momento sólo son acusados y ya se les está pidiendo una pena (algo que en muchos casos ni siquiera ocurre) a la que hay que sumar las consecuencias personales y económicas y el desprestigio social que conlleva.

Además de las responsabilidades personales, hay una responsabilidad colectiva que no se va a sentar en el banquillo pero que hay que asumir para poder corregir el rumbo

Por otra parte, pensar que el problema comienza y termina con la explicación de que son unos golfos que han metido la mano en la caja del dinero, es tan simple como falso. La corrupción en el Ayuntamiento de Arrecife no se ha dado porque hayan coincidido en el tiempo y en el espacio una docena de cargos públicos corruptos y malvados de cuatro o cinco partidos distintos, otra docena de técnicos sin escrúpulos y otros tantos empresarios amorales y ávidos de dinero público. Alguno habrá con estas características pero la gran mayoría de los encausados no son así. La corrupción en ese Ayuntamiento es la consecuencia lógica de muchos factores combinados, históricos, políticos, sociales y económicos, que han hecho posible que durante años se amañaran contratos, se inflaran precios y se pagaran facturas por trabajos no realizados. Y cuando eso se ha convertido en norma, es más fácil seguirla que romperla. Así pues, además de las responsabilidades personales, hay una responsabilidad colectiva que no se va a sentar en el banquillo pero que hay que asumir para poder corregir el rumbo.

Que tres concejales de hacienda y cuatro concejales más de cuatro partidos distintos, junto a técnicos de varios departamentos, se vayan a sentar en el banquillo, nos da más información sobre un sistema fallido que sobre la honestidad de estas personas, porque probablemente, si no fueran ellos, habrían sido otros.

Cuanto más alta es la responsabilidad que se asume, más caro se debe pagar el error: en el caso Montecarlo, hablamos de varios millones de euros de contratos irregulares

El segundo grupo de opinadores es el de que piensa que las penas que se piden son altas. Es posible, pero la cárcel está llena de personas anónimas que piensa, y muchos con razón, que su pena es desproporcionada en relación al delito cometido. Y en la mayoría de los casos, esos delitos no están relacionados con dinero público, sino con un daño a personas o patrimonio privado. Aquí, el efecto multiplicador de la prensa, sirve para recabar apoyos. Sólo nos solidarizamos con aquello que conocemos. Si conociéramos de la misma manera los casos de cada persona que está en prisión, probablemente nos parecería alta la pena de nueve de cada diez presos. Y si pudiéramos acercarnos a pensar que la mayoría de estos políticos o funcionarios son, en parte, víctimas de un sistema corrupto y no se merecen la pena solicitada, ¿qué no decir de la mayoría de los presos?, que vienen de un ambiente familiar, una situación económica o un estrato social, que los hace candidatos a entrar y salir de la cárcel? Cuanto más alta es la responsabilidad que se asume, más caro se debe pagar el error. En el caso Montecarlo, hablamos de varios millones de euros de contratos irregulares, y, entre las tres piezas, también hablamos de que la cantidad de facturas pagadas por servicios no prestados asciende a casi 1,7 millones de euros. La misma cantidad que tenía el Ayuntamiento en 2010 para un Plan de infraestructuras. El daño no es ninguna broma.

Finalmente, del grupo de personas que no emiten su opinión, poco se puede decir. Pero no está de más que sepan, aquellos que sí tienen una opinión más argumentada o matizada, que si no la hacen pública (porque público es el problema) dejan más espacio a aquellos que más gritan. Y a los indiferentes, recordarles que la indiferencia no es recíproca. Se puede ser indiferente a la corrupción o a la política como se puede ser indiferente a la enfermedad. Sólo que ellas no distinguen.