El juez Pablo Ruz, cuando estaba en la Audiencia Nacional, expulsó al Partido Popular como acusación popular de la causa contra Bárcenas porque considera que se estaba dedicando a defender, más que a acusar, a algunos de los imputados. Ahora el PP ya no está en esa causa… y Ruz tampoco está en la Audiencia Nacional.

Los populares debieron pensar que la acusación popular estaba hecha a la medida de su denominación, pero no es eso. La acusación popular es la posibilidad que tiene cualquier ciudadano de personarse en un procedimiento en defensa de la legalidad y del interés público. No es lo mismo que la acusación particular, que la ejerce alguien que ha sido perjudicado en ese caso. Por ejemplo, en el caso Stratvs, la acusación la ejerce la familia Negrín y la popular, Transparencia Urbanística.

El caso del PP no ha sido el único. También se expulsó a Falange de la acusación contra el juez Garzón, pero no por querer absolverle, sino por extralimitarse en sus valoraciones. Y ha habido más casos polémicos: la acusación de la asociación de ultraderecha Dignidad y Justicia en el caso Egunkaria, que se parece a este último, y la de la asociación Democracia y Justicia en el caso Munar, que se parece al primero. Esta asociación se personó en el caso contra la ex presidenta del Consell de Mallorca, Maria Antònia Munar, pero tres abogados y la Fiscalía pidieron que se les apartara porque ejercían una defensa disfrazada de acusación. De hecho, pedían la absolución de Munar.

Si uno fuera acusado en un procedimiento, sería una suerte que te tocara como acusación popular una asociación de estas (aunque ya se sabe que la suerte es para quien se la trabaja). En Stratvs y en Unión acaba de ocurrir algo parecido. Después de tres y seis años de instrucción, respectivamente, y cuando ya ha finalizado esa instrucción, una asociación ecologista; Jacón, y otra de juristas, Jiménez de Asúa, se han personado en estos casos como acusación popular. A las dos asociaciones les unen algunas coincidencias: las dos son de Gran Canaria, nadie las conoce y no han hecho públicos sus motivos para ejercer la acusación, que es lo mínimo que puede pedirse.

Después está el caso de Agonane. A esta asociación ecologista de Fuerteventura, un abogado, Juan David García Pazos, relacionado con la lucha ecologista (al menos en el pasado), le ofreció personarse en el caso de forma gratuita. Así lo hicieron, y pidieron la imputación de Fabián Martín y Miguel Ángel Leal. Lo hicieron a ciegas, sin conocer la causa, porque no tenían el sumario. Había necesidad de imputar.

¿Cuáles podían ser los efectos de su personación? Pues, si se hubiera rechazado esa imputación, podían apelar a la Audiencia Provincial, que hubiera tardado meses en contestar, y si se hubiera aceptado habría que volver de nuevo a abrir la instrucción, al punto anterior a la apertura de juicio oral, y se hubiera retrasado muchísimo más. Una vez abierta de nuevo la instrucción, podían haber solicitado una serie de diligencias con su correspondiente retraso. ¿A quién beneficia el retraso? Obviamente a los imputados, y en particular, a la propiedad de la bodega, que no puede estar cerrada de forma cautelar más de cinco años. Va camino de dos y entre que se celebra el juicio y la apelación, va a llegar a ese periodo.

Y, por supuesto, suponiendo que su intención, y la de las otras dos asociaciones, no sea la de acusar sino la de enfangar el procedimiento, lo podía haber hecho (o lo podrán hacer) muy bien desde dentro y en la vista oral. A Agonane les metieron un gol por la escuadra, pero después decidieron renunciar a la personación porque se sintieron “engañados” por su abogado.

La asociación Jiménez de Asúa se ha personado en Unión a lo grande. Tarde, pero a lo grande, porque hasta lo han hecho en piezas que ya están archivadas. La última conexión entre Unión y Stratvs (de momento) es que García Pazos es el abogado que se ha personado en la pieza de la operación Jable. Está en su derecho, pero en el espacio público, y para defender el interés general, es importante que haya grandes dosis de credibilidad y de confianza. Y si sumamos a esta fiebre repentina de personaciones con la instrucción terminada, los antecedentes que se han expuesto más arriba y el hecho de que este mismo abogado haya representado a Luis Lleó en otra pieza de Unión, el resultado no se acerca mucho al de una acusación popular legítima.