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Pérez subraya que lo más grave no es el contenido y el tono

Berriel recuerda al PSC que las conversaciones del 'caso Góndola' ya se han enjuiciado por el TSJC

El consejero de Medio Ambiente y Política Territorial del Gobierno de Canarias, Domingo Berriel, recordó este lunes al diputado del grupo parlamentario Socialista (PSC-PSOE), Santiago Pérez, que las conversaciones del ‘Caso Góndola', que mantuvo el empresario grancanario Santiago Santana Cazorla con varios cargos del Ejecutivo autonómico para la tramitación de un expediente con el que se autorizaba la construcción de un complejo turístico en Mogán (Gran Canaria), ya han sido “de forma categórica enjuiciadas y sentenciadas en un auto del TSJC de 15 de febrero de 2007.

ACN
[Lunes, 30 de junio de 2008] [14.06]

En respuesta a una pregunta formulada por Santiago Pérez en Comisión parlamentaria, Berriel señaló que ya se ha pronunciado sobre este tema con anterioridad. En concreto, los días 9 y 23 de abril y también en dos comparecencias en la Cámara regional, donde una vez a petición del PSOE y otra a petición propia “hice un análisis de las causas y de los porqués de las declaraciones y valoraciones de esta cuestión”.

Santiago Pérez trasladó al consejero que la pregunta la formuló el PSOE el 21 de abril de 2008 “y la hemos presentado, porque fue en esta comisión donde se debatió el informe del Parlamento de Canarias sobre la autorización de una serie de proyectos turísticos, al amparo de las excepciones contenidas en las disposiciones adicional primera y transitoria de la Ley de Directrices de Ordenación general y del Turismo.

Sostuvo que el “tono y contenido” de esas conversaciones cuya importancia tendrá que ser valorada por los tribunales de justicia, les ha llevado a preguntarse cuál es el modelo de ordenación del turismo que aprobó, en representación del pueblo de las Islas, el Parlamento de Canarias.

Pérez precisó que el modelo de ordenación del turismo que prevén las directrices, no es un modelo de crecimiento cero de la nueva oferta turística, sino de crecimiento limitado. Es decir, “que pueda proporcionar una especial cualificación a nuestra oferta turística y especialmente comprometido con la rehabilitación de las instalaciones y de los espacios turísticos que hayan ido quedan deteriorados.”

En esa línea, apuntó que se trata de un modelo complejo e intervencionista frente al mero imperio de la regla del mercado “que ha llevado en el crecimiento de la oferta de nuestra principal actividad económica a desajustes que están diagnosticados”.

Indicó el diputado socialista que un modelo intervencionista tiene sus aspectos positivos y potenciales consecuencias no deseables como cualquier modelo de desarrollo, “pero lo que ocurre es que si un modelo intervencionista luego se ejecuta no cumpliendo las determinaciones contenidas en la legislación, se corre el riesgo que ese intervencionismo no proporcione los objetivos que persigue y se produzcan un conjunto de consecuencias no deseables en términos de retracción de la iniciativa económica y de incertidumbre o de inseguridad económica”.

Recordó que el modelo previsto en las Directrices sujetaba la autorización de nueva oferta turística a su carácter especialmente cualificado, “pero lo arreglaban y determinaban unos instrumentos de planeamiento especiales, que eran los planes territoriales especiales de ordenación del turismo de cada isla”.

Así, añadió, a través de esos planes debía adaptarse el modelo de desarrollo de cada isla a los ritmos y determinaciones de la Ley de Directrices. Sin embargo, dijo Pérez el Cabildo de Gran Canaria, una isla que estaba necesitada de una nueva oferta turística especial de cualificación, tomó la decisión de no tramitar y aprobar el Plan especial territorial de ordenación del turismo y esa misma corporación insular, que no cumplió su deber legal de tramitar el plan, “se permitió informar favorablemente para que se autorizaran las camas y el proyecto turístico que promovió el empresario Santana Cazorla”.

Para Santiago Pérez, ahí es donde se encuentra “la gravedad del asunto”, pues finalmente el se informó del proyecto y se consiguió a través de la mayoría que resucitó para aquel caso CC y PP un informe favorable del Parlamento, “pero sin que se cumplieran las determinaciones legales que era la aprobación del Plan Territorial Especial de Gran Canaria que indicaba la capacidad de carga que Gran Canaria permite para el desarrollo de nueva oferta turística”.

El diputado del PSOE subrayó que lo más grave no es el contenido y el tono de las conversaciones, sino que “finalmente las premoniciones se convirtieran en realidad y no se cumplieran las exigencias de la Ley de Directrices”.

El consejero Domingo Berriel insistió en que las conversaciones del Caso Góndola ya se han enjuiciado, sentenciado y determinado en el auto del Tribunal Superior de Justicia de Canarias del 15 de febrero de 2007.

Aclaró además que “en modo alguno la Ley de Directrices, cuando establece esas excepciones pone la condición de que esté aprobado el Plan de Ordenación territorial del Turismo, aunque hubiese sido bueno que estuviese, se trata de una exigencia jurídicamente exigible”.

También aseveró que ninguno de los más de 20 informes técnicos y jurídicos del expediente, hicieron la más mínima mención y reparo.

 

redaccion@diariodelanzarote.com

 

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