Corresponde a España determinar si la decisión es adecuada
Europa archiva la queja presentada contra el cierre del centro de producción de TVE-Canarias
La Comisión de Peticiones de la Eurocámara ha decidido este martes cerrar la queja presentada por Unión Sindical Obrera (USO), Alternativa Sindical y Confederación General del Trabajo contra el desmantelamiento del centro de producción de TVE en Canarias, ya que considera que la Unión Europea (UE) no tiene competencias en este asunto, indicaron fuentes parlamentarias.
ACN
[Miércoles, 25 de junio de 2008] [07.00]
En este sentido, en su respuesta a la solicitud de información de este Comité del Parlamento Europeo (PE), el Ejecutivo comunitario asegura que las “autoridades españolas son las responsables de definir, organizar y financiar” la “función” de “servicio público” que han concedido a Radio Televisión Española (RTVE).
Por lo que, no le corresponde a la UE sino a España, “determinar si la decisión de reducir los telediarios sobre la actualidad de las Islas Canarias se ajusta a la función de servicio público tal y como fue atribuida a RTVE”.
El 26 de junio de 2007, representantes de los tres sindicatos –Germán Almeida, Angela Rosa Sang y Juana Cabrera García, respectivamente- acudieron a Bruselas para exponer esta petición que alegaba que el cierre del centro de producción de RTVE en el Archipiélago suponía un quebrantamiento del Derecho comunitario.
Entre otros, defendían que el cierre incumple con las “medidas específicas” para las regiones ultraperiféricas (RUP) que permite el Tratado (artículo 299.2), así como con la Directiva de Televisión Sin Fronteras que “pretende preservar la diversidad cultural y proteger los derechos de las minorías”, y vulnera el derecho a la información de los ciudadanos de Canarias.
Los peticionarios avalaron su denuncia con 200.000 firmas de apoyo que entregaron al presidente de este Comité parlamentario, el eurodiputado polaco de la Unión por la Europa de las Naciones (UEN), Marcin Libicki.
Posteriormente, el 12 de noviembre del pasado año, la Comisión de Peticiones de la Eurocámara admitió la denuncia a trámite y solicitó al Ejecutivo comunitario que facilitara información sobre la cuestión.
Bruselas respondió que esta “cuestión se inscribe dentro del ámbito de competencias del Estado español” ya que que, tal y como estipula el artículo 151.2, las “competencias de la UE en materia cultural se limitan a apoyar y completar las políticas nacionales”.
A lo que hay que añadir que, en base al Protocolo de Amsterdam, los socios europeos son los “responsables de financiar el servicio público de radiodifusión en la medida en que la financiación se destine a llevar a cabo la función de servicio público tal y como haya sido atribuida, definida y organizada por cada Estado miembro”.
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