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El Diputado del Común presentó su informe anual

Alcaide advierte de que las administraciones "olvidan" su responsabilidad sobre protección de menores

El Diputado del Común, Manuel Alcaide, aseguró este jueves en el pleno del Parlamento canario que de las quejas ciudadanas recibidas por el órgano sobre la atención pública a la infancia en Canarias dibuja “los mismos problemas funcionales” y un panorama en el que se concluye que las administraciones “olvidan el principio de responsabilidad pública de protección de los menores”.

ACN
[Viernes, 13 de junio de 2008] [00.00]

Así lo indicó Alcaide durante su comparecencia ante el pleno de la Cámara regional para presentar el informe anual de este órgano, que en 2007 tramitó 1.227 expedientes de quejas, de las que 664 fueron archivadas, y realizó 4.553 gestiones.

El área de actividades clasificadas, en el que se incluyen las quejas por ruidos y otras emisiones o la colocación de antenas de telefonía móviles, es la que ha registrado el mayor número de quejas ciudadanas, seguidas de las relativas a la lentitud de los servicios de Justicia, Sanidad y atención administrativa.

Sin embargo, junto a estas quejas destacó las relativas a la atención de los sectores sociales más desfavorecidos, en los que destacó las dificultades y posibles retrasos en la aplicación de la Ley de Dependencia y la situación de la atención a la infancia.

Sobre este último punto, dijo que se siguen evidenciando “los mismos problemas funcionales”, con una ausencia de sistemas de prevención de situaciones de riesgo de los menores, descoordinación de administraciones locales, cabildos y dirección general del Menor y falta de protocolos de actuación conjunta.

También se advierte un abuso de la medida de acogimiento residencial, lo que está suponiendo una excesiva institucionalización de los menores declarados en situación de desamparo, frente a la atención por otras alternativas como el acogimiento familiar o profesional.

En cuanto a los menores extranjeros no acompañados, destacó que los trabajadores de los centros han denunciado tener conocimiento de que se han producido situaciones que vulneran la legislación española y europea. Alcaide reconoció que la llegada masiva de menores inmigrantes no acompañados ha reactivado el debate sobre las competencias en este ámbito.

Mientras, la situación de los menores con medidas judiciales es uno de los sectores con más quejas, presentadas tanto por los familiares de los jóvenes como de los trabajadores, sobre las condiciones, falta de higiene y carencia de infraestructuras en los centros, apuntó. También indicó que se han recibido quejas sobre el servicio y sistema de adopciones y sobre casos de maltrato infantil, incluso prenatales.

Las molestias por ruidos y la ubicación de antenas de telefonía móvil son las principales quejas presentadas por los ciudadanos en el área de actividades clasificadas, frente a las que Alcaide recordó la obligación de las administraciones de proteger a los ciudadanos cualquier incidencia o emisión nociva. Ante las numerosas quejas colocación de las antenas de telefonía móvil, dijo que sería deseable una normativa autonómica que regule de forma rigurosa estas instalaciones y las considere como actividades clasificadas, para evitar situaciones de desigualdad en función de las localidades.

Alcaide dijo que la lentitud sigue caracterizando el funcionamiento de la administración de Justicia, donde se registra un tiempo medio de espera de 6,75 meses, lo que hace que Canarias sea la segunda a la cola en las comunidades autónomas. Una situación que vinculó a la excesiva movilidad del personal y al fenómeno migratorio, y que se sigue repitiendo pese a la creación de 12 nuevos órganos judiciales.

Así, indicó que 161 quejas registradas sobre la administración de Justicia, 97 están relacionadas con el retraso en el funcionamiento de juzgados o tribunales, como partidos judiciales de Las Palmas de Gran Canaria, Santa Cruz de Tenerife, Puerto del Rosario, Puerto de la Cruz o La Laguna. También en las áreas de lo penal de las Audiencia Provinciales.

También se refirió a las reclamaciones de la población reclusa por el traslado a otras prisiones para el cumplimiento de las penas, a las que este año se suman la falta de salud y la atención sanitaria en las prisiones de las Islas.

Sanidad y Salud Pública, que es uno de los problemas que junto al paro y la vivienda más preocupa a los canarios, es otra de las áreas con más quejas, sobre todos por los retrasos en las listas de espera sanitaria, las deficiencias y el trato recibido en los servicios de urgencias, frecuentes deficiencias de los aceleradores de oncología o las actuaciones del personal médico y de enfermería, precisó.

En Vivienda, el informe advierte del deterioro del parque público de viviendas y las dificultades en el acceso a viviendas protegidas, por lo que reclamó el impulso de políticas que fijen las técnicas precisas para una oferta adecuada a las necesidades y demandas sociales sobre vivienda. Alcaide indicó que muchos municipios canarios que no aportan el suelo adecuado para viviendas protegidas y pidió a los poderes públicos “no pueden caer en la autocomplacencia” y se puede “bajar la guardia” sobre estas necesidades.

En política territorial, destacó el número de quejas sobre la vulneración de la normativa urbanística, lo que dijo evidencia una progresiva concienciación social sobre esta problemática, “que no ha redundado en las administraciones competentes, que no adoptan medidas o no lo hacen “con la prontitud que deberían”.

También destacó la “desidia” en la atención administrativa al ciudadano, a la vista de las numerosas quejas sobre la falta de respuesta a las solicitudes, con la remisión del solicitante a resolver su cuestión en los tribunales de justicia, lo que dijo es una “interpretación desviada” de la normativa y satura los servicios judiciales.

En el ámbito del empleo público, destacó las reclamaciones recibidas sobre casos de supuesto acoso en el trabajo en las administraciones públicas, que dijo deben prestar especial atención a la prevención de estas situaciones ya que es uno de los sectores, junto con la Sanidad, la Educación y los medios de comunicación, donde más se dan estos casos.

Asimismo, resaltó las numerosas quejas sobre irregularidades en los procesos de acceso al empleo público de las personas con discapacidad, entre los que apuntó a la posible vulneración de las personas con discapacidad en el decreto que regula el acceso a la prestación de servicios en la administración pública canaria, un asunto que dijo el Ejecutivo ya se ha comprometido a resolver.

Sobre las personas con discapacidad, insistió en los problemas por el incumplimiento de las administraciones canarias sobre las barreras arquitectónicas y de la comunicación, y las dificultades de acceso a recursos especializados, ante el que reclamó mecanismos de coordinación de las administraciones entre el sistema social y sanitario.

En atención a los mayores, advirtió de la posible incapacidad de la red de servicios sociales canarios para atender estos servicios ofertados en la Ley de Dependencia, pueden convertirlos en una mera “declaración de intenciones”, en el que no sea posible elegir entre servicios ofertados y que el usuario tenga que recurrir al mercado privado.

Alcaide concluyó su intervención con un balance de su mandato, que ahora concluye, en el que dijo “quedarán aciertos y también errores”, pero expresó su satisfacción por haber mantenido su vocación de servicio público.
 

 

redaccion@diariodelanzarote.com

 

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