El Cabildo ha recurrido desde 2000 hasta 20.772 plazas
Los hoteles ilegales tendrán que demostrar que podrían construirse con las normas actuales
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Foto: Jesús Porteros |
Los complejos turísticos construidos en Yaiza y Teguise cuyas licencias han sido anuladas de manera firme por los tribunales de justicia tendrán que someterse a un “expediente de legalización” para regularizar su situación. En la práctica, en la actualidad no tienen licencia que los ampare y tendrán que obtener nuevos permisos urbanísticos ateniéndose al marco normativo vigente.
DiariodeLanzarote.com/ACN
[Miércoles, 11 de junio
de 2008] [14.55]
El letrado que representa al Cabildo en los pleitos interpuestos en defensa del Plan Insular de Ordenación (PIOT), Agustín Domingo Acosta, explicó este miércoles en el Consejo de la Reserva de la Biosfera que a día de hoy los tribunales han declarado firmes 17 sentencias que anulan licencias urbanísticas.
El Cabildo ha interpuesto desde el año 2000 un total de 29 recursos contenciosos contra licencias concedidas en los planes parciales turísticos de los municipios de Yaiza y Teguise, de los cuales ya se han resuelto 21 a favor del Cabildo.
A estos procedimientos judiciales hay que añadir otras dos ofensivas en los tribunales: por un lado, la iniciada contra el Plan Parcial Playa Blanca (de 4.451 plazas y sin vigencia) y contra las licencias concedidas para edificar en él y, por otro, la desplegada contra la promoción de 1.012 viviendas en Costa Roja, también en la localidad sureña.
En total, la Corporación insular ha recurrido hasta 20.772 plazas, de las cuales 10.815 o no se ha iniciado su construcción o no se ha concluido, según subrayó este miércoles el letrado.
¿Qué hacer con estas edificaciones que han visto anuladas sus licencias? Acosta indicó que para el “restablecimiento del orden jurídico perturbado” por un acto ejecutado al amparo de una licencia ilegal se debe acudir a un “expediente de legalización”, en el que se verifica si el establecimiento sin licencia puede obtener una nueva.
“Del resultado del expediente de legalización”, añadió el abogado, “dependerá su suerte”. En este proceso se tendrá que examinar si lo que realmente se ha edificado se ajusta al Plan Insular de Ordenación del Territorio.
Para comprobarlo se deberá pedir al Cabildo que lo evalúe a través de los informes de compatibilidad de los proyectos con las determinaciones del PIOT. Sin cumplir este paso, destacó el jurista, “no es posible” la legalización. Al margen de que también se tendrá que realizar un “examen” del resto de la legalidad urbanística.
El panorama para muchos hoteles no está nada claro puesto que, de entrada, todos los proyectos recurridos por el Cabildo cuentan con informe de compatibilidad con el PIOT desfavorable. Si bien en cada caso los motivos que hacen que la licencia urbanística incurra en ilegalidad no son los mismos ni igual de graves.
Es decir, los hoteles que menos problemas tendrían serían aquellos cuyas licencias se habrían saltado la programación de plazas turísticas aprobada por el Cabildo en la Revisión del PIOT de 2000, conocida como Moratoria.
Sin embargo, Acosta detalló como motivos de las impugnaciones judiciales de las licencias aspectos de difícil solución como la ineficacia del plan parcial o el incumplimiento de las determinaciones del PIOT de 1991 en cuanto a estándares turísticos (por ejemplo metros cuadrados por plaza).
La voluntad de la presidenta
“Estos expedientes” de legalización “se harán de forma individual, ya que cada caso es diferente”, explicó la presidenta del Cabildo, Manuela Armas. “La voluntad política pasa por buscar soluciones y acuerdos, siempre que estén respaldados por la Ley , pero también puede haber algunos casos que no tengan solución”, dando a entender que ciertos hoteles no se salvarán del derribo total o parcial.
La presidenta cabildicia explicó una vez más que durante los últimos meses el Cabildo ha mantenido una serie de “conversaciones, que no negociaciones” para intentar buscar soluciones al complejo problema jurídico y urbanístico que hay sobre la mesa.
También ha insistido en la necesidad de compensaciones para aquellos que han cumplido con la Ley y en general, para la ciudadanía que ha sufrido una merma de la calidad de vida en la Isla aunque no ha precisado fórmulas ni ejemplos concretos.
“El hecho de que los establecimientos ilegales hayan compartido los beneficios durante este tiempo con los legales, supone un detrimento para estos últimos, que se han sentido maltratados”, afirmó Armas.
De momento, parece que ningún propietario o promotor se ha dirigido a los Ayuntamientos afectados (Yaiza y Teguise) para interesarse por los trámites de estos expedientes de legalización, apuntó la presidenta.
El ex consejero de Alternativa Ciudadana en la pasada legislatura, Pedro Hernández, que actuó en el Consejo de la Biosfera como representante de El Guincho, pidió que se cerraran al público aquellos complejos que no cumplen con la legalidad.
Por su parte, la Fundación César Manrique, personada en 20 procedimientos y con 14 sentencias firmes (más de 8.000 camas), ha insistido en la necesidad de una negociación “transparente y pública”, así como una compensación “justa y proporcional con el daño realizado”, una visión que ha “compartido” totalmente la presidenta del Cabildo.
Otro de los aspectos destacados en este Consejo de la Reserva de la Biosfera ha sido el nivel de corrupción y prevaricación que respalda este tipo de actuaciones, como la concesión de licencias anuladas por la Justicia.
“Aquellos infractores han estado beneficiándose durante años de algo que no les correspondía”, ha señalado Wilfredo Wilpret, catedrático de la Universidad de La Laguna. “Esto es sólo la punta de un iceberg que aflora en toda la comunidad de Canarias”.
El mapa de la ilegalidad
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| De todas estas plazas recurridas, 7.834 tienen las obras finalizadas y 4.090 no se han iniciado o están paralizadas. A este cuadro habría que añadir los recursos contra el Plan Parcial Playa Blanca, con capacidad para 4.451 plazas y la promoción residencial de Costa Roja, de otras 4.397 plazas. En resumen, el balance es el del cuadro siguiente: |
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DOCUMENTO | Balance de los recursos contra licencias
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