
La ministra de Vivienda, Beatriz Corredor, y la consejera de Bienestar Social del Gobierno de Canarias, Inés Rojas, abordaron este lunes la posibilidad de que el Ejecutivo autonómico pueda hacerse cargo de viviendas que, como consecuencia de la crisis económica "han quedado a medias", o de que sus promotores puedan recibir ayudas para finalizarlas y sean incluidas en la categoría de viviendas protegidas.
Se trata de unas 1.500 viviendas "a medio construir" distribuidas por toda Canarias que, según manifestó Rojas, el Gobierno autonómico quiere aprovechar dada la carencia de suelo existente en las Islas y la propia escasez de vivienda.
Asimismo recordó que Canarias tiene "unos problemas específicos" en materia de vivienda al tener el 50 por ciento de su territorio protegido y mostró au "grata sorpresa" porque en su encuentro de hoy con Corredor la ministra había admitido que "Canarias tiene una idiosincrasia diferente" en la materia.
Otro de los asuntos tratados fue la posibilidad de que el Estado ponga a disposición de la Comunidad Autónoma viviendas de su propiedad para edificar viviendas sociales, algo que, según Rojas, la ministra "se comprometió a estudiar" tras efectuar consultas con los ministerios afectados, fundamentalmente Defensa e Interior.
El Plan de remodelación de barrios para el que ya hay firmado un Protocolo entre ambas administraciones en la pasada legislatura fue otro de los temas tratados, aunque para agilizarlo debe celebrarse una nueva reunión bilateral que probablemente tendrá lugar en Canarias el próximo mes de julio.
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