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La defensa de Gonzalo Murillo ha pedido la libre absolución

Murillo niega haber calumniado a Pallarés, que insiste en pedirle 3 años de prisión por un artículo en prensa

Visto para sentencia. Así ha quedado este miércoles el juicio de la querella que el fiscal Miguel Pallarés, como particular, presentó contra el denunciante de irregularidades en la urbanización de La Bufona, Gonzalo Murillo, quien ha negado haber cometido el delito de calumnias que le atribuye la acusación, que se ha ratificado en solicitar tres años de prisión por un artículo de opinión publicado en la prensa.

DiariodeLanzarote.com/ACN
[Miércoles, 21 de mayo de 2007] [20.00]

Durante su declaración ante el juez, Gonzalo Murillo se ha reconocido “autor material” del artículo publicado el 28 de octubre de 2003 en el diario La Voz de Lanzarote, pero ha puntualizado que éste iba dirigido a Francisco Carmona, funcionario del Ayuntamiento de Arrecife -y promotor de la urbanización de La Bufona a través de la empresa Brisa Inversiones SL-, como contestación a unas declaraciones en las que aseguraba que “había una conspiración judeomasónica” y que en dicha urbanización “no pasaba nada”.

Murillo ha asegurado que en ningún momento había tenido intención de calumniar al fiscal coordinador Miguel Pallarés (propietario de una de las viviendas construidas en La Bufona por Brisa Inversiones) al que supuestamente hacía referencia en el artículo de opinión para instarle a impulsar un procedimiento penal -que llevaba más de tres años en “diligencias previas”- en calidad de “cabeza visible del Ministerio Fiscal de Lanzarote”.

En el citado artículo de opinión publicado en 2003, Murillo hacía referencia al procedimiento penal 975/2000, iniciado a instancias del Seprona y del que todavía no se ha celebrado ni siquiera el juicio. En este proceso están imputados por presuntos delitos contra la ordenación del territorio y usurpación de terrenos el promotor Francisco Carmona, el arquitecto Federico Echevarría y el constructor Antonio Caro.

El Seprona denunció una promoción de viviendas de Brisa Inversiones en La Bufona por haber invadido, presuntamente, suelo rústico. La familia Murillo ha reclamado que el suelo supuestamente invadido por la urbanización le pertenece y ha denunciado que en el desarrollo del plan parcial se han llevado a cabo "segregaciones ilegales y licencias de obras ilegales".

Miguel Pallarés, que ha ejercido de fiscal en Lanzarote durante los últimos 12 años, presentó una querella contra Murillo hace cuatro años, tras conocer la publicación de este artículo. En el mismo, Murillo afirmaba que la vivienda adquirida por Pallarés estaba "fuera de ordenación,  sobre suelo rústico de protección ecológica" y que la licencia que permitió su construcción había sido "firmada por su tío político", el entonces secretario del Ayuntamiento de Arrecife, Felipe Fernández Camero.

Pallarés sostiene que había "una intención clarísima" de perjudicarle "profesional y personalmente" y que este tipo de comentarios "son muy graves porque pueden erosionar a una persona". Además, según el Ministerio Fiscal y la acusación, uno de los párrafos hace alusión directa a la relación entre el cargo de Pallarés y la “paralización” del proceso judicial, algo que Murillo ha negado reiteradamente durante la vista.

“Está apuntando a un tráfico de influencias como un castillo”, exponía el fiscal del caso durante las conclusiones del juicio -al que asistieron como público una quincena de vecinos de Morro Angelito y varios fiscales-, refiriéndose además a una “falta de contraste y verificación de los datos expuestos en el artículo”. Para ello, se ha acogido a que todavía no existían resoluciones judiciales firmes sino imputaciones.

Por su parte, el letrado de la defensa, Rafael Liz, ha dejado claro que “no se puede hablar de falta de veracidad porque hay un proceso abierto donde se están investigando unos hechos delictivos”. Durante su declaración, Murillo recordó que el 6 de mayo de este año la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural ha dictado una orden para proceder a la demolición de la parte de las viviendas de La Bufona que hayan invadido suelo rústico, entre ellas la del querellante.

La acusación particular ha solicitado un año de prisión por cada uno de los tres presuntos delitos de calumnia, y ocho meses de multa a razón de 11 euros al día por un delito de injurias, además de una indemnización de 60.000 euros de forma conjunta y solidaria con el medio que publicó el artículo, La Voz de Lanzarote.

Por su parte, el Ministerio Fiscal pide 24 meses de multa a razón de seis euros diarios, así como una indemnización de 6.000 euros solidariamente con el diario, cuya empresa editora no ha comparecido al juicio.

La memoria de Pallarés

Miguel Pallarés aseguró en la vista celebrada este miércoles desconocer el contenido de las diligencias previas 975/2000, que se instruyen en el Juzgado Número 3 de Arrecife. Además, declaró que desconocía la superficie construida de su vivienda. Un dato relevante por cuanto Murillo denunció que la licencia de obras amparaba casas de 98 metros cuadrados en parcelas de 384 metros cuando en realidad, aseguró, se han "certificado" por la Gerencia del Catastro "mansiones" de hasta 270 metros en parcelas de 580 metros.

En una declaración previa de Pallarés en el procedimiento judicial que este miércoles ha quedado visto para sentencia, el querellante afirmaba no estar "seguro" de a qué promotora le había comprado su vivienda, ni cuánto le había costado ni por qué cantidad la había hipotecado. Según la escritura de compraventa la transacción se realizó por unos 20 millones de pesetas mientras que la tasación y la hipoteca, dijo el abogado de la defensa, alcanzó los 37 millones.

 

 

redaccion@diariodelanzarote.com

 

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