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La segunda área que más quejas recibió en 2007

El Diputado del Común alerta de que el “abandono y deterioro” de la justicia “pone en riesgo la democracia"

El Diputado del Común, Manuel Alcaide, alertó este martes de que el “abandono y deterioro” de la justicia en Canarias y en España “pone en riesgo la existencia de la democracia”. Alcaide, que presentó en Comisión parlamentaria el informe del Diputado del Común de 2007, destacó que el pasado año la segunda área que más quejas recibió fue la de justicia con un total de 161 y éstas se debieron a los retrasos generalizados en la tramitación de los asuntos de los distintos órganos judiciales.

ACN
[Miércoles, 21 de mayo de 2008] [07.00]

Calificó de “incomprensible” el “abandono” de esta materia pues “pone en riesgo la existencia de una democracia” ya que, recordó, “una democracia sin la distinción de los tres poderes -Ejecutivo, Legislativo y Judicial- es coja y peligrosa”.

Manuel Alcaide, que apuntó que la justicia debe ser “inmediata rápida, eficaz e imparcial”, dejó claro que el Diputado del Común interviene en la materia de Justicia porque se ha realizado un convenio con el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) “que nos permite dirigirnos a los órganos judiciales para preguntarles por las quejas”.

“Nosotros no podemos supervisar la actividad, pero sí dar cuenta al CGPJ para que se tomen las medidas necesarias”, dijo Alcaide, quien detalló las numerosas quejas que ha recibido por los retrasos en las certificaciones en el Registro Civil; en los informes de familia de los juzgados de familia, que están saturados; o las quejas que le llegan de los reclusos canarios que cumplen condena, pero que no tienen cabida en los centros penitenciarios.

El área de justicia sólo es superada en la cifra de quejas por el de actividades clasificadas y espectáculos públicos, que son aquellas que se deben a las molestias por actividades clasificadas que son insalubres, nocivas o peligrosas para los ciudadanos.

Un total de 169 quejas recibió el Diputado del Común en 2007. La mayoría de ellas se debieron a actividades que se realizaron sin licencia municipal y otras que, aunque la tenían, no cumplían con los requisitos para evitar perjuicios a los ciudadanos. Entre esas quejas se encuentran las relacionadas con la telefonía móvil y el ruido.

En ese sentido, Alcaide recordó que ayer lunes se dio entrada en la Cámara regional a una propuesta popular para que se “reglamente” la telefonía móvil. “Lo deseable e interesante es que el Parlamento canario estableciera con rigor legislativo cuáles son las fórmulas de estas antenas, la frecuencia con la que pueden emitir y llevar a cabo un estudio sobre los perjuicios que en la salud de los ciudadanos pueden causar”, agregó.

También el Diputado del Común recibió quejas relacionadas con las molestias del ruido ya que parece que “las administraciones públicas no afrontan de manera decidida” este tema. Criticó que no existan aparatos medidores de los decibelios, y que los policías no estén formados en esta materia para controlar los ruidos de las motos y de otros vehículos.

La tercera materia en número de quejas fue la de Trabajo y Función Pública. Según relató Alcaide, en 2007 recibió 121 protestas por irregularidades en el proceso selectivo del personal, el acceso de los discapacitados a la función pública y por acoso laboral.

En lo que respecta a la seguridad pública, al Diputado del Común se le hicieron llegar 110 quejas, la mayoría relacionadas con la Extranjería “de la que no somos competentes aunque se han enviado al Defensor del Pueblo” y el resto sobre el tráfico y la seguridad vial y el maltrato de los agentes de la Policía.

Además en 2007, se recibieron 94 protestas sobre la salud y la sanidad pública: por las listas de espera, por el servicio de urgencias y reclamaciones por actuaciones de médicos y resto de personal sanitario.

El Diputado del Común también contabilizó 85 quejas relacionadas con la política territorial. Éstas se debieron a la falta de reacción de las administraciones con respecto a la política territorial, es decir, a la dificultad que tienen para ejecutar los acuerdos de derribos y modificaciones de los edificios y obras.

En el área de economía y hacienda, el Alto Comisionado del Parlamento canario recibió 72 reclamaciones por la falta de respuesta de las administraciones públicas: al ciudadano no se le recibe ni atiende. Por eso, Manuel Alcaide planteó a los diputados presentes en la Comisión de Gobernación, Justicia y Desarrollo, que la Administración “debería concienciar al funcionario para que atienda al ciudadano” y evitar así que aumente la “litigiosidad” judicial.

Respecto a los servicios públicos, la cifra de protestas alcanzó las 67 el pasado año. Un gran número se referían a la falta de contestación a escritos y solicitudes de los ciudadanos y a la vulneración del derecho a la información. También hubo 52 quejas sobre la adquisición o alquiler de viviendas y 44 en materia de educación por falta de docentes especializados, de medios materiales, deficiencias en centros docentes, etc.

Alcaide subrayó además que en el área de menores el Diputado del Común recibió 34 quejas por la ausencia de sistemas de prevención, por maltrato y descoordinación entre las entidades responsables de los menores, por la no existencia de personal adecuado, por la lentitud del servicio de adopciones, entre otras. También en servicios sociales se produjeron 31 protestas por la situación de la exclusión social; 30 quejas por la situación de las personas con discapacidad y otras 30 con temas relacionados con las obras públicas.

Por último, resaltó que el Diputado del Común ha reunido más de 1.000 quejas y ha tramitado unas 12.000 consultas, bien en persona en las oficinas o por teléfono.

El diputado del grupo parlamentario Popular (PP), Miguel Cabrera, agradeció al Diputado del Común que “siga metiendo el dedo en el ojo” a todas las administraciones públicas, pues es su tarea, y le trasladó que en esas actuaciones “tendrá el apoyo del PP”.

También Cabrera, se mostró “disgustado” por que un ex juez –Manuel Alcaide- tenga que poner de relieve que “lo peor que funciona en nuestra sociedad como servicio público es la justicia”. “No podemos encontrarnos con un servicio que atrase o demore tanto la resolución de los asuntos que se convierta en un infierno el trasiego por los pasillos del Palacio de justicia”, aseveró, el parlamentario Popular para quien este problema se puede afrontar con dinero y medios humanos “para que el ciudadano no pierda la confianza en la justicia”.

Asimismo, aseguró que el otro problema que le preocupa es “el maltrato” que en muchas ocasiones todas las administraciones dispensan al ciudadano, así como la falta de información y el incumplimiento de sus deberes.

La diputada del grupo parlamentario de Coalición Canaria (CC), Flora Marrero, hizo referencia a las quejas que ha recibido el Diputado del Común relacionadas con el ruido, los mayores, las personas con discapacidad y los menores, pero sobre todo habló de la situación de los 1.200 menores extranjeros no acompañados que hay en Canarias.

El diputado del grupo parlamentario Socialista (PSC-PSOE), Santiago Pérez, recordó en su intervención que las quejas en materia de discapacidad son recurrentes: la supresión de barreras, la falta de comunicación entre el sistema sanitario y los servicios sociales de la Comunidad autónoma, etc. También coincidió con el informe del Diputado del Común sobre la descoordinación que existe entre las administraciones en materia de menores, la falta de recursos, los casos de maltrato personal, entre otros.

Denunció Pérez que el 60 por ciento de los menores inmigrantes no acompañados no estén escolarizados, cuando la Ley Canaria establece que los menores acogidos han de tener resueltas las necesidades cotidianas entre ellas la escolarización obligatoria. También subrayó la falta de colaboración de las administraciones públicas en las labores y funciones del Diputado del Común y el hecho de que la comunidad canaria sea la segunda “en la que más se retrasa la respuesta de la justicia, al tardar una media de más de seis meses.

En su segunda intervención, Manuel Alcaide respondió algunas de las dudas planteadas por los parlamentarios y aclaró que las normas de Derecho Internacional dicen que a los menores extranjeros no acompañados se les ha de cuidar y que “la patria potestad la tiene el Gobierno del Estado”.

De hecho, añadió que el que ha firmado el convenio internacional es el Gobierno de España, pero ha delegado a las autonomías esa responsabilidad. También sostuvo que ese debate lo deben responder los políticos pero él no.

 

redaccion@diariodelanzarote.com

 

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