
El vicepresidente y consejero de Economía y Hacienda del Gobierno de Canarias, José Manuel Soria, ve "difícil" llegar a un acuerdo en la revisión del sistema de financiación autonómica que se abordará este martes en el Consejo de Política Fiscal y Financiera por la "restricción" que a su juicio supone la aprobación del Estatuto de Cataluña.
Según Soria, en un principio, "no hay una divergencia grande de criterios" para abordar la revisión del sistema. Sin embargo, el Estatuto establece que el mismo "tendrá que estar condicionado de lo que se detraiga previamente por una sola comunidad".
Para el Gobierno de Canarias, "la solución política" que se dará a este hecho, es el principal problema que tendrá la revisión del sistema, ya que el Estado "es muy consciente" de que la variable de la población "no está recogiendo fielmente la presión" que significa para las comunidades autónomas de cara a la prestación de servicios.
Esa "presión" ha supuesto, explicó, un déficit para Canarias de alrededor de 500 millones de euros al año, por lo que en el Consejo se reclamará la inclusión "con un mayor realismo de la ponderación del criterio de la población", que se ha revelado en los últimos años como el "principal obstáculo" del sistema de financiación autonómica.
"Las fuertes modificaciones regionales han distorsionado el sistema y perjudicado a las comunidades autónomas con mayores incrementos poblacionales", apuntó. Así, según el estudio realizado por el grupo de trabajo creado en el propio Consejo, mientras que la variación media estatal de la población del año 1999 al 2004 fue del 7,81 por ciento, en Canarias supuso el 14,52 por ciento.
El sistema de financiación vigente, aprobado en 2001 en base a la población de 1999, "tiene un alto grado de rigidez" que "ha contribuido a la desigualdad de la distribución de las comunidades autónomas", señaló Soria, quien apostó por una actualización periódica de las necesidades del gasto de las regiones según la evolución de las variables.
Dichas necesidades se regulan de acuerdo a tres bloques de competencias: las comunes, las de servicios de asistencia sanitaria de la Seguridad Social, y las de servicios sociales de la Seguridad Social. En este aspecto, Canarias propone que se mantengan los tres bloques, aunque insistiendo de nuevo en la necesidad de adecuar el gasto a las necesidades actuales.
Además, explicó Soria, Canarias pedirá que se aplique la variable de insularidad a todos los bloques, ya que actualmente no se aplica al tercero y en los otros dos se da con un peso específico distinto.
Asimismo, el Gobierno de Canarias apuesta por mantener el actual fondo de suficiencia como compensación entre las distintas comunidades autónomas "para garantizar la prestación de los servicios en condiciones equivalentes".
En este aspecto, Soria destacó que la evolución del fondo ha estado por debajo de la evolución de la actividad económica (PIB) y de la evolución tributaria. Desde Canarias se pide que el índice de evolución sea el mayor de la evolución del PIB o el mayor de la evolución tributaria en cada comunidad.
En lo que se refiere al fondo de compensación interterritorial, el criterio de Canarias es utilizar los datos reales más actualizados, aumento de la dotación anual, y redefinir la variable de insularidad para que incluya los costes de ultraperificidad.
Por lo que respecta al fondo de cohesión sanitaria, Canarias pide "garantizar a todos los asegurados la igualdad de acceso a los servicios sanitarios públicos, tanto programados como de urgencia", así como la atención a los ciudadanos desplazados de países de la UE o con convenios de asistencia recíproca, pero siempre con "una mayor adecuación de la compensación y el coste real" de la asistencia.
Por otro lado, Canarias reclama, pero fuera del sistema de financiación autonómica, 400 millones de euros de la diferencia de financiación per cápita y 300 millones por la compensación de Canarias al Estado del Igic que, según Soria, "ya no tiene sentido".
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