Murillo asegura que no le ha imputado ningún delito

El miércoles se celebra el juicio de la querella del fiscal Pallarés en la que pide tres años de cárcel para Murillo

Palacio de Justicia de Arrecife/Archivo.

Este miércoles está previsto que se celebre en el Juzgado de Primera Instancia número 1 el juicio oral por la querella interpuesta por el fiscal coordinador de Arrecife, Miguel Pallarés, contra el denunciante de presuntas irregularidades en el Plan Parcial de La Bufona, Gonzalo Murillo, para el que solicita tres años de prisión por un supuesto delito de calumnias.

DiariodeLanzarote.com
[Viernes, 16 de mayo de 2007] [Corregido a las 14.19]

El origen del procedimiento judicial se encuentra en un artículo de opinión publicado por Murillo el 28 de octubre de 2003 en La Voz de Lanzarote dirigido a uno de los promotores de la urbanización de La Bufona, Francisco Carmona, funcionario del Ayuntamiento de Arrecife encargado durante años del Catastro.

El fiscal Miguel Pallarés es propietario de una vivienda que, según ha denunciado Murillo, pudo ser construida por Brisa Inversiones SL (la empresa a la que ha estado vinculada Carmona) gracias a “una licencia de obra ilegal” firmada por el ex secretario del Consistorio capitalino, Felipe Fernández Camero, “tío político” de Pallarés.

En el citado artículo, Murillo denunciaba los presuntos “delitos cometidos” en el Plan Parcial de La Bufona y se preguntaba por la lentitud con la que se estaba desarrollando, a su juicio, el procedimiento penal 975/2000, promovido a instancias del Seprona en el año 2000.

En este proceso están imputados por presuntos delitos contra la ordenación del territorio y usurpación de terrenos el promotor Carmona, el arquitecto Federico Echevarría y el constructor Antonio Caro. Las viviendas están denunciadas por el Seprona y el Gobierno de Canarias por haber invadido, al parecer, suelo rústico. La familia Murillo ha reclamado que el suelo supuestamente invadido por la urbanización le pertenece.

Sobre el artículo objeto de la querella de Miguel Pallarés, éste interpreta que supuestamente se cometen “tres delitos de calumnia” y “un delito de injurias” contra su persona, al considerar que Murillo le hace responsable de la lentitud del procedimiento judicial. Una acusación que el querellado niega.

Esa interpretación le lleva a pedir que se le imponga a Gonzalo Murillo una pena de tres años de prisión, una multa de unos 2.600 euros y otros 60.000 euros de indemnización (a abonar conjunta y solidariamente por la empresa editora de La Voz de Lanzarote).

Sin embargo, el fiscal que ha calificado el caso, Carlos Fernández Seijo, tan sólo aprecia un delito de calumnias y pide una multa de unos 4.300 euros. También rebaja la indemnización a 6.000 euros y no contempla la petición de pena privativa de libertad.

Los párrafos de la discordia

Dos de los párrafos que motivaron la querella de Pallarés son los siguientes: “La cuestión es ¿por qué me he visto obligado a recurrir a la denuncia en los medios de comunicación?, máxime teniendo presente que existe un proceso penal, el nº 975/2000, del Juzgado de Instrucción nº 3 de Arrecife, Lanzarote, que está incoado de oficio por las Fuerzas de Seguridad del Estado.

En este proceso penal están denunciados todos los delitos cometidos por el Sr. Carmona. Pero, ¿qué ocurre con este proceso?, que es precisamente el proceso en el que está denunciada la vivienda del Ilmo. Sr. Fiscal D. Miguel Pallarés. Fácil, este proceso penal iniciado el siglo pasado, actualmente está totalmente paralizado”.

La interpretación de Pallarés

Según la interpretación que se recoge en el escrito de Miguel Pallarés en el que solicita la apertura de juicio oral contra Murillo, éste “expresa” que el procedimiento penal 975/2000 “está paralizado por una acción directa del querellante”.

Añade que en el artículo Gonzalo Murillo afirma que el fiscal coordinador de Arrecife “ha tenido conocimiento de la comisión de hechos delictivos y no ha actuado”. Pallarés asegura que Murillo ha tenido la intención de “lesionar” su “honorabilidad” con “pleno conocimiento de la falsedad de sus imputaciones”.

La defensa de Murillo

Sin embargo, el denunciante de presuntas irregularidades en La Bufona sostiene que el artículo publicado hace casi cinco años en la prensa local no iba dirigido a Miguel Pallarés sino al promotor Francisco Carmona y que no tenía ni la finalidad de lastimar la honorabilidad del fiscal coordinador de Arrecife ni la de imputarle delitos.

Eso sí, Murillo insiste a día de hoy en que la vivienda adquirida por Pallarés es “ilegalizable” y que el planeamiento no permitía ejecutar viviendas unifamiliares aisladas –como las que denuncia que se construyeron- sino “pequeños apartamentos adosados”.

 

redaccion@diariodelanzarote.com

 

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