Hay una forma de corrupción que es fácil de entender, y más fácil aún de explicar. Esa que se suele simplificar diciendo que alguien ha metido la mano en la lata del gofio. Por llevarlo al terreno local: lo de Isabel Déniz con la adjudicación del contrato de basura a cambio de dinero, viajes y regalos. O las comisiones que se cobraban por el caso Unión. Es una visión muy simplista y, en cierto modo, cómoda: la corrupción es obra de personas malvadas, inmorales, de garbanzos negros... Así nos quedamos más tranquilos: nosotros somos buenos y el sistema funciona.

Pero hay formas más complejas. No solo de explicar o de entender, sino incluso de demostrar. ¿Se puede hablar de que existe una corrupción legal? Se puede. Sin ir más lejos, casi todo lo que tiene que ver con el urbanismo en Canarias en los últimos años. Otro ejemplo local: en el caso Yate fue condenado el exalcalde de Yaiza por recibir sobornos a cambio de dar licencias. Pero no fue tan sencillo. De hecho, si alguien cobró, nunca hemos conocido cuánto pagó quién.

Pues bien. Ha pasado casi desapercibida una cosa. En 2009, cuando nadie quería, o podía, construir, en plena crisis, el Gobierno de Canarias se sacó de la manga la Ley de Medidas Urgentes y uno de sus artículos contemplaba una indemnización para los propietarios de aquellos suelos con derechos urbanísticos consolidados pero afectados por la Moratoria.

La compensación no era por el suelo, sino por no haber podido construir. El suelo debía pasar a ser suelo rústico, pero solo durante cinco años. Pasado ese tiempo, recuperaban sus derechos edificatorios. Esos suelos están en el sur de Gran Canaria y en Pájara (Fuerteventura), principalmente, aunque hay uno en Playa Blanca cuya licencia urbanística, por cierto, fue anulada y que puede que ni siquiera tenga la condición de suelo urbano, como los otros suelos.

El caso es que los promotores han ganado en los tribunales. Piden, entre todos, unos 700 millones de euros de indemnización. En la de Playa Blanca valoraron los derechos en 38 millones y el Gobierno en menos de 19, pero corren los intereses. En cuanto cobre, el promotor podrá intentar construir un hotel en ese suelo.

Lo ha entendido usted bien: con el dinero (público) de la indemnización por no construir antes, podrá construir ahora un hotel que, en el fondo, lo pagamos entre todos. O mejor aún: quedarse con el dinero y vender el suelo para que lo haga otro. Y, por supuesto, todo legal.